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Los cotos de caza privados suponen una seria amenaza para la conservación del águila imperial. La sustracción de un pollo de águila imperial de su nido situado en un coto de caza privado en la localidad de Navalagamella ha puesto de manifiesto el serio peligro que representan dichos espacios para estas aves, endémicas de la Península Ibérica, que ya de por sí se encuentran seriamente amenazadas, debido a la escasa vigilancia que existe actualmente en la Comunidad de Madrid. La utilización de cebos envenenados por parte de los gestores de algunos de estos cotos es otro de los importantes riesgos a los que están expuestas estas rapaces.

El robo del pollo de águila imperial ha sido denunciado por la Asociación para la Defensa del Valle del Lozoya y la Sierra de Madrid, que asegura que la última vez que se vió a la cría en el nido fue el pasado viernes. Los ecologistas descartan que la desaparición del pollo se deba a depredadores naturales y lo achacan a una supuesta sustracción por parte de cetreros, que se aprovechan de la falta de vigilancia. Además, "la corteza y las ramas del árbol tenían las clásicas rozaduras que se producen cuando alguien sube hasta la copa, donde se encontraba el nido", señala Juan Manuel López, presidente de este colectivo. No es la primera vez que se roban crías de águila imperial en la Comunidad de Madrid en un coto privado, pues el pasado mes de agosto apareció un ejemplar joven en una finca de Chapinería que, según Luis Prada, técnico de Ordenación de Recursos Naturales de la Consejería de Medio Ambiente, "se trataba de un ejemplar manso, que había convivido con el hombre y que había sido robado del nido para ser utilizado en cetrería".

Sin embargo, el hurto de pollos o huevos de los nidos en los cotos privados de caza no es la principal amenaza para las águilas imperiales, sino más bien el empleo de cebos envenenados por parte de los encargados de estas fincas, ya que, según los datos recabados por WWF/Adena y otras siete organizaciones de defensa de la naturaleza a través del Programa Antídoto, entre 1992 y 2000 dieciocho ejemplares de águila imperial han resultado muertas por envenenamiento en la Comunidad de Madrid, aunque los ejemplares encontrados no representan más que una pequeña parte de los que realmente se hallan podido envenenar en ese periodo. En la actualidad, 25 parejas de esta majestuosa ave viven en territorio madrileño y la Consejería de Medio Ambiente ha elaborado el I Plan de Recuperación del Águila Imperial, en el que se contempla, entre otras actuaciones, la modificación de los tendidos eléctricos, la mejora del hábitat, las repoblaciones a base de conejos o la restricción de los tratamientos selvícolas para tratar de evitar la desaparición de estas rapaces, emblemáticas de la fauna ibérica. Las investigaciones de la Consejería han aportado un dato esperanzador: durante el pasado año, 19 de las 25 parejas lograron sacar adelante a 25 pollos.

Pero, según Ernesto Álvarez, portavoz de Grefa, "es necesario tomar medidas drásticas y establecer un proyecto de regulación para la conservación del águila imperial, que garantice su estabilidad y, si es posible, el incremento de la población, puesto que esta especia está tocando el umbral de la extinción a consecuencia del crecimiento urbanístico que está experimentando Madrid, que destruye el medio natural", advierte. A una conclusión similar ha llegado la Confederación de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA), integrada por 170 grupos ecologistas españoles, para quienes es necesario intensificar las medidas de vigilancia y dotar de más medios al cuerpo especializado en medio ambiente de la Guardia Civil, el Seprona. Igualmente, proponen que se establezcan incentivos fiscales para aquellas fincas cuyos dueños sean respetuosos con la conservación de las especies y que se apliquen sanciones a aquéllos que vulneren el nuevo Código Penal. "Es urgente actuar, porque lo que se gana invirtiendo grandes cantidades de dinero, se pierde en horas por la actuación de ciertos asesinos de la fauna", indica Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción, miembro de la CODA.

Predominio de cotos privados

La Comunidad de Madrid cuenta actualmente con 771 cotos de caza diseminados por toda su geografía. La mayoría -366- son de pelo, mientras que 347 son de caza menor y 88 de caza mayor. De esta zona cinegética, 536.932 hectáreas corresponden a cotos privados, 22.441 hectáreas son áreas de caza controladas, mientras que el resto lo ocupan las reservas de Sonsaz (11.276 hectáreas) y de El Pardo (15.800 hectáreas). El control y la vigilancia de los tres últimos es competencia del Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, pero en el caso de los cotos privados de caza la responsabilidad recae única y exclusivamente en sus dueños, "que pueden hacer y deshacer a su antojo dentro de los límites de su propiedad, ya que los servicios jurídicos de Disciplina Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente no utilizan los medios que el Derecho Administrativo pone a su disposición", lamenta Carlos Cano, portavoz de Adena.

Ante esta problemática, Adena ha elaborado el Proyecto contra el Veneno, una de cuyas líneas básicas es combatir la impunidad con la que hasta ahora venían actuando los envenenadores, y para ello, la agrupación ecologista ha presentado una serie de propuestas a la Consejería de Medio Ambiente para mejorar la efectividad de la lucha contra los envenenamientos de fauna. Entre ellas, destaca la proposición de una mejora de la normativa sancionadora para incorporar a la nueva Ley de Caza de Madrid, cuyo borrador está todavía en proceso de elaboración. Dicha modificación estaría referida a la necesaria incorporación de la obligación del titular cinegético de vigilar para evitar la aparición de cebos en sus cotos de caza, "pues en la actualidad los dueños de los cotos se lavan las manos cuando aparecen cebos envenenados en sus terrenos y quedan totalmente impunes", denuncia Carlos Cano.