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El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión del pasado jueves un proyecto de decreto sobre la creación del registro central informatizado de perros potencialmente peligrosos de la Comunidad de Madrid. El texto, que ha sido remitido para su preceptivo dictamen al Consejo de Estado, también incluye la institución de un registro de infractores en esta materia.
El consejero de Presidencia, Manuel Cobo, ha justificado esta norma "por el incremento producido durante los últimos años de la posesión de animales de la fauna salvaje mantenidos en cautividad en domicilios o recintos privados, así como de especies domésticas que pudieran manifestar cierta agresividad". Cobo ha destacado los aspectos novedosos que contiene este decreto regional. "En primer lugar, ante la importancia que la educación y el adiestramiento tienen en la modificación de la conducta de los perros y con la finalidad de evitar y eliminar prácticas inapropiadas, al no existir un marco legal que regule esa actividad, el decreto establece que la práctica del adiestramiento sólo se ejercerá en centros debidamente autorizados, que deberán disponer de un certificado de capacitación, que entre otros requisitos sólo se podrá obtener tras la superación favorable de un curso de formación".
Asimismo, Manuel Cobo ha afirmado que, "además, al objeto de facilitar al ciudadano la tramitación en la obtención y la renovación de la licencia de tenencia de perros potencialmente peligrosos, y de la inscripción de los animales en los correspondientes registros, este decreto establece la competencia municipal en la materia y señala la posibilidad de que en el caso de municipios de menos de 5.000 habitantes sea la Comunidad de Madrid quién, a través de de convenios, asuma esta gestión".
Multa de 600.000 euros por infracción medioambiental
Por otra parte, el Consejo de Gobierno también ha acordado resolver el expediente sancionador contra la empresa "Aladueña y Peñalver, S.A.", tramitado por la Consejería de Medio Ambiente por infracción administrativa muy grave del Real Decreto legislativo 1302/1086 de Evaluación de Impacto Ambiental, con la imposición de una multa de 600.000 euros, una indemnización de 140.636,81 euros por daños y perjuicios y la obligación de presentar un proyecto de restauración de la zona afectada por la extracción de áridos en un plazo de dos meses. Esta restauración, que incluye aportes de tierra, una capa final de tierra vegetal y la siembra de gramíneas y leguminosas, deberá realizarla la empresa sancionada en la finca "La Heredad", en el término de Daganzo de Arriba, donde a pesar de tener una declaración de Impacto Ambiental Desfavorable, emitida mediante resolución del director general de Calidad y Evaluación Ambiental el 11 de abril de 2000, procedió a la extracción de áridos.
En este sentido, el consejero de Presidencia ha manifestado que "la empresa,
además de saber que no podía extraer áridos en esa finca,
incumplió la medida provisional de suspensión inmediata de la
actividad y no paralizó las labores hasta días antes de la ejecución
forzosa ordenada por la Consejería de Medio Ambiente". Manuel Cobo
ha informado de que "la finca La Heredad se encuentra ubicada dentro de
una Zona de Especial Protección de las Aves, denominada Estepas Cerealistas
de los Ríos Jarama y Henares, y en el entorno del curso y de las riberas
del río Torote, catalogadas como Lugar de Importancia Comunitaria".
