Los titulares de los cotos de caza tendrán que pedir permiso para matar perros asilvestrados después de que la Consejería de Medio Ambiente haya modificado el artículo 5 de la Orden de Caza 790/2003. Este apartado establecía que "durante el período hábil de caza menor, entre el 12 de octubre de 2003 y el último domingo de enero del 2004, y en el único caso de que se trate de perros asilvestrados, no será preciso la solicitud previa para proceder a su control". En este sentido, la ONG Amnistía Animal ha declarado que la modificación de esta Orden es un avance, aunque ya ha anunciado que solicitará que "se prohiban estas autorizaciones, al considerarlas ilegales".

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del pasado viernes 10 publicaba la modificación que señala que "con el objeto de que la regulación de las limitaciones en materia de caza tenga un espíritu más proteccionista del medio natural (...) y de conservación y protección de especies silvestres y, por otra parte, no afecte al resto de los animales, procede modificar la Orden 790/2003" Así, el consejero de Medio Ambiente en funciones, Miguel Garrido, disponía que en los terrenos de aprovechamiento cinegético especial, "la Consejería de Medio Ambiente, previa petición de los titulares, podrá autorizar el control de animales de origen doméstico que hayan perdido esta condición, tras las comprobaciones que estime oportunas, para prevenir daños a la salud pública o a las especies silvestres o domésticas".

El titular del permiso deberá comunicar al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil o al Servicio de Protección y Gestión de Flora y Fauna a través de la Oficina Comarcal de los Agentes Forestales donde esté ubicado el coto, "los resultados de las capturas o piezas abatidas, a efectos de su identificación". LA ONG Amnistía Animal había pedido que se tomasen "medidas urgentes" para anular, "de manera inmediata, este artículo", dado que esta Orden vulneraba la Ley de Protección Animal.

Por ello, la presidenta de Amnistía Animal-Comunidad de Madrid, Matilde Cubillo, ha declarado que "aunque es un avance la modificación de esta Orden", la ONG solicitará que "se prohiban estas autorizaciones, al considerarlas ilegales" y ha señalado que "se basan en una Orden, que es de rango inferior a la Ley 1/90" de Protección de los Animales Domésticos de la Comunidad de Madrid. Además, Cubillo ha justificado su postura en que es "muy difícil que se aporten estudios para certificar que un perro es silvestre y así poder justificar la autorización para matarlos".